La Comisión de Legislación emitió un dictamen para reformar el Código Penal con el objetivo de que el comercio irregular de terrenos se penalice con entre 8 y 12 años de prisión. La propuesta dará certeza jurídica a las familias que llevan años pagando un lote sin que las empresas les entreguen sus escrituras.
La Comisión de Legislación emitió dictamen favorable para incorporar al Código Penal penas de entre 8 y 12 años de cárcel para quienes comercialicen lotificaciones de forma irregular, sin cumplir los requisitos legales y técnicos correspondientes.
Antes de emitir el dictamen, los parlamentarios recibieron en la mesa de trabajo a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para ampliar los detalles de la propuesta.
La funcionaria explicó que con estas modificaciones se pretende dar seguridad jurídica a los salvadoreños que adquieren terrenos por medio de empresas lotificadoras. Además, señaló que la iniciativa incluye un castigo de entre 8 y 12 años de cárcel para quienes comercialicen lotes sin su debida regulación. En caso de no cumplir una orden, se impondrá una pena de 3 a 4 años de prisión sumado a entre 100 y 150 días de multa.
“Es un tema de justicia social para el país, un tema que jamás se había puesto sobre la mesa. Esto va a ser un legado del Presidente Bukele y de la nueva Asamblea Legislativa para toda la población vulnerable del país”, aseguró la ministra Sol.
La funcionaria ejemplificó que, en muchas ocasiones, las familias pagan su lote durante 15 o 20 años, pero transcurrido este tiempo los parceladores les dicen que no le pueden entregar las escrituras del terreno y ponen como excusa la burocracia en las instituciones del Gobierno.
“Esta reforma viene a dar un golpe con acciones contundentes. Estos estafadores han ocupado los nombres de las instituciones del Estado para decir que es el Estado el que no les quiere regular, pero eso es mentira”, sostuvo la titular de Vivienda.
Ella agregó que se buscaron alternativas administrativas para solventar el problema, pero no hubo respuesta de los lotificadores, por eso se recurrió a la vía penal.
En la mesa de trabajo se explicó que las enmiendas de ley permitirán tener más herramientas para evitar que en El Salvador se continúen vendiendo lotes con documentos que no están regulados y se le brindará certeza jurídica a los afectados.
El diputado Walter Coto reiteró que la falta de seguridad jurídica que han tenido por años los derechohabientes se ha traducido en robos para muchas familias.
“Esta propuesta es idónea, es netamente legal, cumple los requisitos de procesabilidad y es indispensablemente en este momento, porque no hay otra manera de proteger los derechos”, apuntó el legislador.
Su colega Gionanny Zaldaña reiteró el compromiso de la actual legislatura de apoyar al Gobierno del Presidente Bukele en todas las iniciativas que beneficien a los salvadoreños más vulnerables.
“Continuamos apoyando esta lucha social que por años se viene dando para poder regularizar las lotificadoras. Hay muchos parceladores que no quieren poner de su parte y es justamente para ellos y los inversionistas privados que se proponen estas reformas. No vamos a seguir protegiéndolos como se hizo en el pasado”, afirmó Zaldaña.
