La Comisión de Hacienda emitió un dictamen que permitirá reorientar fondos para que diferentes instituciones de Gobierno puedan continuar ejecutando proyectos sociales en beneficio de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda Emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2023, para incorporar a diferentes instituciones del sector público no financiero un monto de $83,697,031.00. El propósito de hacer estas transferencias es dar cobertura presupuestaria a diversas necesidades urgentes y prioritarias en distintas instituciones para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Marlon Omar Herrera , director general de Inversión y Crédito Público, del Ministerio de Hacienda, explicó que los fondos servirán para diferentes proyectos públicos que desarrollan las instituciones.
Al Ministerio de Relaciones exteriores se le destinarán $972 mil para apoyar al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la persona migrante y su familia (CONMIGRANTES). Esto permitirá fortalecer la red consular de El Salvador, Frontera Sur de Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos en asistencia y protección a la niñez migrante y sus familias para el proyecto Integral sobre Movilidad Humana.
El Ministerio de Educación recibirá $3.9 millones provenientes de donaciones que servirán para realizar actividades de revisión, adecuación e implementación del currículo nacional de la primera infancia y de fortalecimiento organizacional para la gestión del sector educativo en los ramos de educación, ciencia y tecnología.
El Ministerio de Obras Públicas obtendrá $77.8 millones de préstamos externos destinados a la ampliación del financiamiento de la construcción del viaducto y ampliación de Los Chorros. Además, un porcentaje se utilizará para continuar reparando los centros educativos afectados por la tormenta tropical Julia.
El Instituto de Bienestar Magisterial también recibirá un poco más de $1 millón de fondos propios para la construcción y equipamiento del Policlínico Magisterial de La Unión y el mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarios del Policlínico Magisterial de Santa Tecla.
Otros dictámenes
Los parlamentarios también estuvieron a favor de que modifique la Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas. Dichos cambios buscan facilitar el acceso al referido beneficio, ampliando su vigencia y flexibilizando las exigencias que se deben de cumplir con la presentación de atestados que respalden la calidad de jubilado o pensionado establecido en dicha ley.
Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto, explicó a los parlamentarios que se solicitaron varias reformas, entre ellas que se amplíe la vigencia del decreto hasta el 1 de enero de 2024. Actualmente, este tiene seis meses de vigencia y caducará el próximo 18 de noviembre.
Además, con las reformas se flexibilizan los atestados que deben presentar para hacer constar que son jubilados o pensionados. También los trabajadores públicos podrán modificar sus fechas de renuncia.
“Ya han habido personas que interpusieron sus renuncias y desconocían que se prolongará este decreto, por lo que se concede que se dé una oportunidad para cambiar la fecha de renuncia”, dijo Arce.
Esta última modificación permitirá que los servidores públicos que modifiquen su tiempo de renuncia puedan terminar su año laboral y contar con los beneficios de ley como el aguinaldo.
En otro tema, los parlamentarios dictaminaron a favor de que se exonere a la “Asociación de Mujeres Teniendo Fuerzas”, de todo tipo de impuestos, incluyendo al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), derechos arancelarios a la importación y costo por bodegaje, que pueda causar la introducción al país de dos contenedores. Estos tienen juguetes que se entregarán a menores de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Metapán, en Santa Ana.
