Los diputados autorizaron la incorporación de $296 millones a seis ministerios para que realicen proyectos a favor de la población y atiendan gastos de funcionamiento.
Los fondos para que los ministerios de Defensa Nacional y de Seguridad y Justicia continúen protegiendo a la población salvadoreña, y a los extranjeros que hacen turismo en el país, están asegurados. Lo mismo pasa con los recursos que otras cuatro carteras de Estado han solicitado para el funcionamiento institucional.
Para ello, los diputados de la Asamblea Legislativa, con 64 votos, reformaron la Ley de Presupuesto 2023, con el fin de incorporar $296 millones que serán distribuidos en seis ministerios. El dinero —proveniente de la emisión de títulos valores de crédito— permitirá dar continuidad a diferentes proyectos que beneficien a la ciudadanía y atender obligaciones emergentes en el último bimestre del año.
William Soriano, diputado de Nuevas Ideas y secretario de la Comisión de Hacienda, que emitió el dictamen favorable para modificar la normativa, señaló que se le destinará “una cantidad importante” a dos instituciones que velan por la seguridad pública y que han contribuido a reducir los homicidios, así como a posicionar a El Salvador como una de las naciones más seguras de América Latina.
Es así que al Ministerio de Defensa Nacional se le destinarán $36.8 millones para seguir implementando el Plan Control Territorial. Con la aplicación de esta medida, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tenido logros históricos como la desarticulación de las pandillas, la reducción de los homicidios y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
A la cartera de Seguridad también se le hará un desembolso de $15.5 millones, los cuales se utilizarán para financiar acciones prioritarias que debe realizar la Policía Nacional Civil para velar por la protección de la población.
“Se acercan las festividades (Navidad y Año Nuevo) en las que miles de salvadoreños regresan al país, en la que miles de salvadoreños, por fin, podrán acercarse a sus familias que residen diferentes colonias, barrios y cantones del país. Era imposible visitar a un familiar que residiera en una colonia de una pandilla contraria y eso se acabó”, mencionó el legislador al referirse a la efectividad del Plan Control Territorial y del régimen de excepción.
Soriano ahondó que, al aprobar los recursos requeridos por el Gobierno para poner en marcha diferentes estrategias, la Asamblea Legislativa ha ayudado a que, cada mes, el país registre mejoras en materia de seguridad y eso le permita a la ciudadanía vivir en un clima de paz.
“Se acabaron esos tiempos donde las pandillas cogobernaban con ARENA y el FMLN. Le damos la bienvenida al nuevo El Salvador que estamos construyendo con el Gobierno, donde ya llevamos más de 500 días sin homicidios”, afirmó el legislador.
El Plan Control Territorial se comenzó a implementar en 2019 y ha permitido desarticular a las estructuras criminales que, por décadas, se dedicaron a asesinar, a extorsionar y a generar zozobra entre la población, sin que los gobiernos anteriores trabajaran realmente para combatirlas.
A los cuestionamientos de los parlamentarios de oposición, quienes no votaron a favor de la incorporación de los fondos, el jefe de la bancada cyan, Christian Guevara, respondió: “Este dinero es una cifra menor a la que se robó el expresidente Mauricio Funes, pero ahora sí va destinado a diversas carteras de Estado, no al bolsillo de Sigfrido Reyes o Sánchez Cerén. Ahí les encantaba que les llegara”.
El funcionario les recordó a los diputados de ARENA y el FMLN que “ya estuvieron en el poder y fracasaron”. Agregó que los recursos aprobados servirán para pagar obligaciones del Gobierno y que todos los fondos que se aprueban se traducen en obras en beneficio de la población.
Otras incorporaciones presupuestarias
Para la ejecución de diferentes proyectos turísticos y de promoción de la productividad se asignarán $13.5 millones al Obras Públicas. Asimismo, el Ministerio de Agricultura dispondrá de $8 millones para sufragar gastos de funcionamiento y asegurar la eficiente gestión, ejecución y seguimiento de la política agropecuaria, forestal y pesquera del país.
Mientras que la cartera de Hacienda requiere de $221.7 millones para pagar obligaciones generales del Estado y la cartera de Trabajo y Previsión Social recibirá $500 mil para gastos de funcionamiento institucional.
