La Comisión de la Familia aprobó un dictamen que respalda la prórroga de la vigencia del artículo 60 de la Ley Especial de Adopciones, para asegurar de forma efectiva el interés de las adopciones de casos pendientes. Así, buscan continuar superando obstáculos que impiden dar el derecho a los niños de formar parte de una familia.
Debido a que hay diversas solicitudes de adopciones pendientes de resolver, los diputados de la Comisión de la Familia buscan prorrogar la vigencia del artículo 60 de la Ley Especial de Adopciones (LEA), por lo que por unanimidad emitieron un dictamen favorable en la reunión número 57 de dicha mesa de trabajo.
La LEA regula el prohijamiento para garantizar el derecho y el interés superior de las niñas, niños y jóvenes a vivir y a desarrollarse en el seno de una familia, asegurando su bienestar integral.
Referente al enunciado 60 de la normativa, la vigencia de la disposición transitoria de este finaliza el 31 de diciembre de este año, pero el fin de los parlamentarios es prolongarlo un año más para asegurar de forma efectiva el interés de las adopciones.
El pasado 8 de diciembre de 2021, el pleno legislativo aprobó una serie de reformas a la LEA, bajo el fin de buscar que el país contara con un marco jurídico que reconociera el rol de la familia para garantizar la protección de los menores de edad en los procesos de adopción.
Esto ocurrió debido a que en los gobiernos anteriores los mecanismos de estos encuentros familiares estuvieron estancados y ponían obstáculos para brindar ese derecho a los interesados. A raíz de las reformas, los prohijamientos han logrado salir adelante.
De acuerdo al director ejecutivo de la Oficina Para Adopciones (OPA), Manuel Antonio Sánchez, con la disposición transitoria del artículo en mención ayudó a esa institución a resolver el caso de 37 niños, que ahora gozan el derecho a vivir en familia.
“Por primera vez hoy se cuenta con una oficina que le brinda los derechos a los niños. Antes, anualmente se resolvían de cinco a 11 adopciones, pero hoy llegamos hasta a 37 resoluciones al año”, aseguró Sánchez.
Por el momento, aún hay ocho casos en proceso, pero si no se prolonga esta disposición difícilmente se podrán resolver.
“Tenemos la necesidad de una prórroga, porque bajo ese artículo nos dio la posibilidad de realizar trámites de procesos, que por años se encontraban sin resolver”, comentó el director de la OPA. “Solventarle a los niños el derecho a un apellido de las personas que reconocían como padres y a una identidad es un logro”, agregó.
La postura de la Procuraduría General de la República
Los parlamentarios recibieron también a Cándida de Parada, representante de la Procuraduría General de la República de El Salvador (PGR) para profundizar la temática y dejar clara la necesidad de la extensión de la disposición transitoria sobre el artículo 60 de la LEA.
La adjunta de esa institución explicó que con la ampliación del plazo solicitado se garantizará el derecho a la justicia a los niños, jóvenes y a las familias involucradas en estos mecanismos.
“Es importante, porque si se aprueba se garantizaría al acceso a la justicia a los menores de edad y a sus futuras familias”, indicó De Parada. “Además, se le da certeza jurídica a todos estos casos, estas son adopciones de hechos, hay arraigo afectivo, son situaciones de muchos años”, añadió.
Por anteriores burocracias del sistema los adoptantes consideraron demasiado engorroso el proceso, pero hoy estas familias podrán finalizar el trámite de adopción, consideró la vocera de la PGR.
“Esto no solo garantizará el derecho a la identidad de un nombre y apellido, sino a la identificación dinámica que existe entre el menor de edad y su familia. Estamos en total armonía con la comisión sobre la ampliación de ese plazo”, puntualizó.
El contexto del aval para reformar la ley
El 25 de noviembre de 2021, la Comisión de la Familia aprobó un dictamen favorable para que se reformara la Ley Especial de Adopciones (LEA). 13 días después, la Asamblea Legislativa avaló, con 67 votos, dicha propuesta.
Con ello, se superaron obstáculos que impidieron, durante varios años, el derecho de niñas, niños y adolescentes a formar parte de una familia.
Uno de los principales problemas de la antigua normativa era un conflicto administrativo que no dejaba claro quién debía dar la declaratoria de adopción, si la Procuraduría General de la República (PGR) o el juez de niñez y adolescencia.
Este problema administrativo imposibilitó, desde 2017, los procesos de adopción. Con las modificaciones aprobadas quedó delimitado como competencia y responsabilidad de la PGR la declaratoria de adoptabilidad, por ser un trámite administrativo, para posibilitar el proceso de adopción en el juzgado.
Asimismo, se abrió la posibilidad para que hermanos puedan ser adoptantes, con ello se garantizó la integración de la familia y que los niños sean ubicados, en primera instancia, con un pariente.
Además, las familias sustitutas que lo deseen podrán convertirse en adoptantes, previa calificación de las autoridades competentes, para los casos en los que el menor de edad haya estado bajo su cuidado por un año o más.
También quedó establecido que los adoptantes, tanto el padre como la madre, deben gozar de licencia remunerada por adopción, durante 16 semanas ininterrumpidas, para favorecer el proceso de integración familiar en el que ingresa la niña, niño o adolescente. Anteriormente solo uno de los dos adoptantes podía gozar de este beneficio.
La normativa reformada en ese momento determinó el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a conocer su origen bilógico, de forma irrenunciable e imprescriptible, para lo cual la Oficina Para Adopciones (OPA) tiene el registro de cada menor de edad.
Además, las modificaciones también establecieron como edad mínima para adoptar los 25 años, con el fin de garantizar que los adoptantes tengan la madurez que requieren en todos los ámbitos de la vida para dar un hogar a un niño.
Las enmiendas brindaron autonomía a la OPA para que no dependiera ni técnica ni financieramente de la PGR.
El plazo de reuniones de la junta directiva de la OPA pasó de 60 días a una vez al mes, con el fin de agilizar las adopciones para dar garantía a la niñez de gozar de un hogar.
Las reformas aprobadas a la LEA buscaban armonizar la legislación con la Política Nacional de Primera Infancia “Crecer Juntos” implementada en el país.
