Los diputados aprobaron la prórroga de la vigencia del artículo 60 de la Ley Especial de Adopciones y con ello se superarán los obstáculos que impiden dar el derecho a los niños de formar parte de un grupo familiar.
Para garantizar el derecho a la identidad de un nombre y apellido a menores de edad en proceso de prohijamiento, 69 diputados de la Asamblea Legislativa avalaron prorrogar la vigencia del artículo 60 de la Ley Especial de Adopciones (LEA).
Según lo comunicado en la sesión plenaria número 137, la puesta en marcha de esas adopciones -así como de otras 37 que ya fueron resueltas con el gobierno actual- estuvo estancada durante años, debido a la burocracia con la que estos eran tratados.
La decisión tomada por los parlamentarios se debió a que la validez del apartado 60 de dicha normativa, que regula el prohijamiento para garantizar el derecho de los niños y jóvenes a desarrollarse en el seno de una familia, finalizaría el 31 de diciembre de este año.
Tras este prolongamiento por un año más de esa disposición transitoria, se asegura de forma efectiva el interés de las adopciones. Además, estos mecanismos de estos encuentros familiares rompen los obstáculos y barreras que tenían en el pasado.
El pasado 8 de diciembre de 2021, el pleno legislativo aprobó una serie de reformas a la LEA, bajo el fin de buscar que el país contará con un marco jurídico que reconociera el rol de la familia para garantizar la protección de los menores de edad en los procesos de adopción.
De acuerdo a los registros de la Oficina Para Adopciones (OPA), con el artículo en mención esa institución resolvió diversos casos (37) y hoy esos niños gozan el derecho a vivir en familia.
Antes, por la burocracia del sistema, anualmente se resolvían solo de cinco a 11 adopciones. Por ello, los adoptantes consideraron demasiado engorroso el proceso.
“Este gobierno creó la oficina para adopciones y por eso hoy brindamos la facilidad de poder adoptar a los niños y darle a ellos una familia”, comentó la parlamentaria Alexia Rivas.
Se superan procesos burocráticos
El 25 de noviembre de 2021, la Comisión de la Familia aprobó un dictamen favorable para que se reformara la Ley Especial de Adopciones (LEA). 13 días después, la Asamblea Legislativa avaló, con 67 votos, dicha propuesta.
Uno de los principales problemas de la antigua normativa era un conflicto administrativo que no dejaba claro quién debía dar la declaratoria de adopción, si la Procuraduría General de la República (PGR) o el juez de niñez y adolescencia.
Desde 2017, esto imposibilitó los procesos de adopción. Con las modificaciones aprobadas quedó delimitado como competencia y responsabilidad de la PGR la declaratoria de adoptabilidad, por ser un trámite administrativo, para posibilitar el proceso de adopción en el juzgado.
Asimismo, se abrió la posibilidad para que hermanos puedan ser adoptantes, con ello se garantiza la integración de la familia y que los niños sean ubicados, en primera instancia, con un pariente.
Además, las familias sustitutas que lo deseen podrán convertirse en adoptantes, previa calificación de las autoridades competentes, para los casos en los que el menor de edad haya estado bajo su cuidado por un año o más.
También quedó establecido que los adoptantes, tanto el padre como la madre, deben gozar de licencia remunerada por adopción, durante 16 semanas ininterrumpidas, para favorecer el proceso de integración familiar en el que ingresa la niña, niño o adolescente. Anteriormente solo uno de los dos adoptantes podía gozar de este beneficio.
La normativa reformada en ese momento determinó el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a conocer su origen biológico, de forma irrenunciable e imprescriptible, para lo cual la Oficina Para Adopciones (OPA) tiene el registro de cada menor de edad.
Además, las modificaciones también establecieron como edad mínima para adoptar los 25 años, con el fin de garantizar que los adoptantes tengan la madurez que requieren en todos los ámbitos de la vida para dar un hogar a un niño.
Las enmiendas brindaron autonomía a la OPA para que no dependiera ni técnica ni financieramente de la PGR.
El plazo de reuniones de la junta directiva de la OPA pasó de 60 días a una vez al mes, con el fin de agilizar las adopciones para dar garantía a la niñez de gozar de un hogar.
Las reformas aprobadas a la LEA buscaban armonizar la legislación con la Política Nacional de Primera Infancia “Crecer Juntos” implementada en el país.