Los diputados de la Comisión de Seguridad continuaron con el estudio de las reformas al Código Penal para incrementar la pena de cárcel para delitos como robo y estafa.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia continuó con el estudio de una iniciativa que contiene modificaciones al Código Penal para incrementar las penas de prisión para delitos como robo, estafa, hurto, uso ilícito de vehículo automotor y conducción de mercancías de dudosa procedencia.
Durante el estudio de la propuesta, la mesa de trabajo ha recibido a varios funcionarios para ahondar más en el tema, como, por ejemplo, al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado y al ministro de justicia Francisco Villatoro.
En una tercera ronda de trabajo, los diputados recibieron al magistrado de la Sala de lo Penal Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, quien dio sus valoraciones sobre las modificaciones que se pretenden realizar a la normativa.
El funcionario afirmó que la propuesta es atinada dada la realidad en la que ahora vive El Salvador. Sin embargo, considera importante que las penas a estos delitos se asignen de acuerdo a la gravedad del delito. Él ejemplificó que la pena por robo no puede ser mayor que la sentencia para el delito de homicidio porque se puede producir un efecto adverso.
“Es necesario cuidar no solo las escalas punitivas, sino también intentar que las escalas punitivas sean coherentes en función de los diferentes bienes valorados”, sostuvo Quinteros.
El diputado Caleb Navarro enfatizó en que el principal objetivo de esta iniciativa es seguir manteniendo la seguridad de la población y continuar con la transformación que el país está teniendo debido a la paz y tranquilidad de la población.
Por su parte el diputado Walter Coto, aseguró que la legislación que regula estos temas data desde hace mucho tiempo, por lo que es necesaria adecuarla a la realidad del país.
“El patrimonio de los salvadoreños debe ser protegido. Hay estudios a nivel del mundo que establecen que el incremento de plena trae como consecuencia la disuasión del cometimiento de delitos”, expuso el parlamentario.
Aumento al plazo de detención provisional
Durante la sesión de trabajo, el magistrado también se refirió a una reforma al Código Procesal Penal, para modificar el plazo máximo de la detención provisional, con el objetivo de que una persona acusada de cometer un delito no evada la justicia.
En la actualidad, la detención provisional no puede exceder de un año en el caso de los delitos menos graves y de dos en los delitos graves, aunque en este último caso, la detención provisional puede ampliarse un año más.
El funcionario también coincidió en que el propósito de la reforma es acertado debido a que en la actualidad existen prácticas dilatorias para agotar el plazo máximo de la detención provisional y así evadir la justicia.
Quinteros propuso que se agregue un inciso que establezca que el plazo máximo de la detención provisional podrá suspenderse excepcionalmente mediante petición fiscal o judicial, valorando aquellas diligencias de duración prolongada como pericias complejas que requieran asistencias internacionales, conflictos de competencia, excusas o recusaciones y otros supuestos similares que generen demora.
Asimismo, al momento de decidir sobre el cumplimiento del plazo para efectos de cesación de la medida cautelar, consideró importante que se excluya el tiempo que el juez identifique como prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados realizadas por el imputado o la defensa.
Delito de administración fraudulenta
Los diputados de la Comisión de Seguridad también escucharon la opinión del presidente de la Sala de lo Penal sobre la iniciativa del Órgano Ejecutivo de modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a las “Acciones públicas previa instancia particular” para el delito de administración fraudulenta.
La propuesta de reforma establece que para investigar ese delito la víctima deberá denunciar y presentar una auditoría contable (costeada por ella) que demuestre la existencia del hecho cometido. Si no tiene los documentos financieros para elaborarla, deberá pedir auxilio a la Fiscalía General para que haga la solicitud al juez y se puedan obtener.
Para el funcionario, esta propuesta contribuye para que la víctima tenga un rol protagónico. No obstante, enfatizó en que la prueba pericial podría ser difícil costear a personas que no tengan la capacidad económica, lo que podría generar una vulneración del derecho de defensa.
“Usualmente afecta a personas naturales jurídicas, pero es necesario pensar en aquellos casos en los que la víctima demuestre la imposibilidad de no poder costear la pericia”, dijo el funcionario.
