Entre los puntos más relevantes que se plasma en la normativa se encuentra la obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares.
Para reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes, los diputados que integran la Comisión Política emitieron un dictamen a favor de la creación de la Ley Anticorrupción.
De ser aprobada esta normativa por el Pleno Legislativo –en la próxima sesión plenaria- se establecerá un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
Además, se actualizará las disposiciones sobre la determinación del patrimonio, estableciendo de manera articulada la colaboración entre las diversas instituciones estatales y se promoverá la cultura de la información para una efectiva contraloría social con el fin de lograr una mayor integridad en la función pública.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ante la mesa de trabajo.
De acuerdo a lo expuesto en la comisión, el Sistema estará integrado por 12 instituciones públicas: La Fiscalía General de la República (FGR), el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el órgano Judicial, el ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros (CNR), el ministerio de Obras Públicas y de Transportes (MOPT), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
“La normativa vendrá a proveer de herramientas de control, tanto para las instituciones que se crearán como para la ciudadanía, quienes podrán acudir a una instancia para procesar las denuncias contra los funcionarios o personas naturales o jurídicas que cometan delitos asociados a la corrupción”, dijo el legislador. “Será una herramienta legal, que ayudará a atacar a ese cáncer que ha atacado a nuestro país”, agregó.
El punto de vista del fiscal general
Los diputados recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, para conocer los puntos sobre la nueva ley y así brindar sus impresiones sobre la normativa.
“Este es un paso lógico en el desarrollo de toda una política que se viene implementando desde el año 2019. Esta ley complementaría los tratados internacionales en materia de prevención y combate a la corrupción que ha suscrito al Estado salvadoreño”, comentó Delgado ante los parlamentarios.
El funcionario recordó que durante la anterior gestión de la Asamblea Legislativa se aprobaron reformas al Código Procesal Penal, en el sentido de que los delitos de corrupción no prescriban, al menos de las figuras más relevantes.
También explicó que de forma paralela se han solicitado reformas al Código Penal, para que estas sean las herramientas que utilizará el sistema que se pretende crear en contra de la corrupción.
¿Qué amparará la Ley Anticorrupción?
El 29 de enero de este año, el Presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de la Ley Anticorrupción, lo que genera un paso fuerte y decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Entre los puntos más relevantes que se plasma en el documento recibido en la Comisión Política se encuentra la obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares.
Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende serán de carácter público.
El presidente también solicitó endurecer las penas para los delitos de corrupción y la creación de una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar a los testaferros (a los prestanombres).
Además, para perseguir a los corruptos desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra solicitud plasmada en la propuesta es la creación de un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR y este instituto contará con ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
Finalmente, dicho Centro tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato.
“Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país”, comentó en sus redes sociales el Presidente Bukele ante la temática.
En junio de 2023, el mandatario anunció que su Gobierno llevará a cabo una “guerra frontal” contra la corrupción e incluso señaló que se construirá una cárcel para “los corruptos”.
Los casos de corrupción de ARENA y del FMLN
A lo largo de los 30 años en los que gobernaron los partidos ARENA (20 años) y el FMLN (10 años), el país fue el escenario perfecto para que los políticos cometieras diversos actos de corrupción, en donde el dinero de la población fue utilizado a criterio y conveniencia de estos grupos.
Uno de los casos emblemáticos de ARENA fue cuando encubrió la corrupción del expresidente Francisco Flores, quien utilizó los $10 millones que donó Taiwán en 2001 para suplir las necesidades de los damnificados ante los terremotos que ocurrieron en ese año (13 de enero y el 13 de febrero).
Flores desvió el dinero a cuentas del partido tricolor para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca, su sucesor. Por eso, él fue procesado penalmente por el fiscal general de la República, Luis Martínez, después de casi 10 años de haber finalizado su período presidencial. El entonces presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Jorge Velado, reconoció que el partido fue el destinatario de la donación taiwanesa.
El partido de derecha también es señalado por los actos de corrupción cometidos por Saca, bajo la modalidad de la “partida secreta de Casa Presidencial”. Incluso, En 2009 este fue expulsado del tricolor y capturado en octubre de 2016, siete años después de haber finalizado su mandato.
Saca fue procesado por la administración del fiscal general Douglas Meléndez y acusado de sustraer más de $300 millones de fondos públicos para uso personal y de su familia.
Por su parte, el FMLN también cubrió actos de corrupción de sus expresidentes. El mismo exsecretario general del partido, Medardo González, contó en una entrevista televisiva que le recomendaron al expresidente Mauricio Funes que huyera, porque en El Salvador las autoridades de Justicia lo querían capturar al malversar más de $300 millones.
El segundo presidente del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, también huyó de El Salvador después de concluir el quinquenio 2014-2019. Ambos exrepresentantes del partido de izquierda son procesados por actos de corrupción con fondos públicos y ante esto se nacionalizaron en Nicaragua para evitar ser extraditados.
El combate de la corrupción del gobierno actual
El gobierno del Presidente Nayib Bukele ha marcado una diferencia, porque además de buscar crear la Ley Anticorrupción ha dado ejemplo del combate a tal delito al castigar incluso a sus propios funcionarios.
Ejemplo de este precedente es el caso de los diputados Erick García, José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano.
Al primero de estos se le procesó por el delito de falsedad ideológica, tras haber firmado documentos autenticados por un monto de 90 mil dólares con información falsa y hechos que no sucedieron, por lo que fue procesado y desaforado en la Asamblea Legislativa.
Mientras que a los otros dos, a García y a Aguilar, se les atribuyeron los delitos de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, por los cuales serán juzgados en los tribunales correspondientes luego de habérseles quitado la inmunidad parlamentaria.
Los dos funcionarios señalados enfrentaron un proceso de antejuicio tras haber negociado aceptar dádivas o prebendas de parte del activista político, José Rogelio García (Roy García).
En el lado municipal, el caso emblemático es el de la exalcaldesa de Nuevas Ideas en el municipio de Soyapango, en San Salvador, Nercy Montano.
La exfuncionaria es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos.
