La normativa contempla la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, que estará conformado por 12 instituciones del Gobierno. La ciudadanía también tendrá participación, porque podrá denunciar estos hechos.
Con 59 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la creación de la Ley Anticorrupción para establecer un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública.
La nueva normativa -que contiene 22 artículos- reforzará la transparencia y la probidad de los servidores públicos, mediante medidas claras y contundentes.
Además, se actualizarán las disposiciones sobre la determinación del patrimonio, estableciendo de manera articulada la colaboración entre las diversas instituciones estatales y se promoverá la cultura de la información para una efectiva contraloría social con el fin de lograr una mayor integridad en la función pública.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio.
El Sistema Anticorrupción estará integrado por 12 instituciones públicas: La Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Órgano Judicial, el ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros (CNR), el Ministerio de Obras Públicas y de Transportes (MOPT), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Al respecto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, señaló que esta ley cierra el ciclo de los corruptos y de los corruptores. Un mecanismo con el que siempre hubo un sistema en el que se le daban todos los espacios a los que cometían este delito y en el que un corrupto siempre protegió a otro corrupto.
“Vamos a romper con ese ‘sistema’ para siempre. Desde esta Asamblea (con la legislatura en la que Nuevas Ideas tiene mayoría) se han acabado mecanismos como ONG fachadas, maletines negros, plazas fantasmas”, dijo Guevara. “También estamos acabando con el epicentro de la corrupción que se daba con los anteriores diputados dentro de este órgano de Estado”, agregó.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua opinó: “la corrupción es un mal que durante décadas ha socavado a las instituciones de gobierno y ha afectado la confianza de las personas hacia el Estado. La corrupción ha desviado recursos que debieron haber sido destinados a los servicios públicos, a la infraestructura y a la calidad de vida de los ciudadanos”.
Lo que implica la Ley Anticorrupción
Entre los aspectos más destacables de la ley se menciona que todos los años los servidores públicos y sus familiares deberán presentar, obligatoriamente, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta.
Dicha declaración será pública y cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos tendrá acceso libre.
Con esta normativa las penas para los delitos de corrupción se endurecerán. Además, se creará una nueva categoría de delito para castigar con prisión a los testaferros (los prestanombres).
Además, para perseguir a los corruptos desde las auditorías, se establecerá un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR) que tendrá un vínculo directo con la Fiscalía General de la República (FGR).
También se creará dentro de la FGR el Centro Nacional Anticorrupción, el cual realizará labores de inteligencia con tecnología avanzada.
Dicho Centro tendrá acceso, en tiempo real, a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar de forma inmediata actividades sospechosas.
La participación de la población para denunciar
La población tendrá una participación importante, debido a que cualquier ciudadano podrá poner una denuncia relativa a actos de corrupción, como lo dicta el inciso “G”, del artículo 9, además del capítulo tercero de la misma.
En este último se menciona: “toda persona tendrá la obligación, salvo excepciones de ley, denunciar ante el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción a cualquier funcionario, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilícitamente a costas de la hacienda pública o municipal…”.
Para esto, el Centro Nacional Anticorrupción contará con ventanillas en donde se recibirán las respectivas acusaciones de este tipo de hechos con el fin de fomentar la participación activa de la ciudadanía.
“Habrá una protección de los denunciantes que actúen de buena fe. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenían. Con esta nueva herramienta legal estamos empoderando a nuestra ciudadanía”, aseguró el diputado Chamagua.
