El Gobierno solicitó que la normativa esté vigente cinco años más. El titular de Educación afirmó que dicho proceso permite hacer inversiones para mejorar la infraestructura escolar y tener acceso a proyectos de cooperación internacional.
El pleno de la Asamblea Legislativa conocerá un dictamen favorable que emitió la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno para reformar la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación.
Las modificaciones a la normativa tienen como objetivo proveer herramientas jurídicas que agilicen los procedimientos de legalización de los inmuebles.
Esta ley fue aprobada en 2015 por cinco años y prorrogada en 2020 por un periodo similar, el cual vencerá el próximo 12 de mayo.
Su vigencia ha permitido legalizar e inscribir inmuebles (que por diversas razones legales o de hecho no han podido realizarse) a favor del Estado y el Gobierno, lo que ha servido para hacer una inversión más eficiente e implementar proyectos que mejoran la infraestructura educativa a nivel nacional.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, explicó a los legisladores que con estas disposiciones se ha logrado inscribir 1,976 inmuebles, que equivalen a 1,618 centros educativos oficiales (CEO) beneficiados.
Sin embargo, aún hay 1,636 inmuebles pendientes de legalizar, que se traducen en 1,232. Por esta razón, es necesario extender la vigencia de la normativa, por otros cinco años, e incorporar reformas a su articulado que hagan más viable su ejecución.
Pineda agregó que la legalización de inmuebles permite hacer inversiones para mejorar la infraestructura escolar y tener acceso a proyectos de cooperación internacional.
“Si no se aprueba (la reforma) las escuelas que no están legalizadas, cuando venga el financiamiento, no van a poder ser intervenidas. Seguramente, esto va a llegar más tarde o quizás nunca se pueda reconstruir esta escuela”, apuntó Pineda.
Con el modelo Mi Nueva Escuela, el Gobierno le está apostando al eje de infraestructura, con el que busca continuar creando espacios favorables para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y dignificar a la persona humana.
El diputado Raúl Chamagua afirmó que la estrategia de invertir y transformar las escuelas en sitios donde se brinde educación de calidad a los estudiantes es algo novedoso y, según dijo, muchas generaciones de niños y jóvenes no se hubieran perdido si esto se hubiera hecho hace mucho tiempo.
“Si no se hace esta reforma prácticamente se detiene la posibilidad de invertir, reconstruir o construir nuevas escuelas”, opinó el legislador.
Algunos aspectos que contempla la reforma:
Ampliación de la legalización: se extienden los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para el desarrollo de servicios educativos, de uso administrativo y aquellos en los que el Ministerio de Educación tenga interés.
Declaración de utilidad pública: se consideran de utilidad pública todos los inmuebles donde operan los Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos y uso administrativo.
Inclusión de inmuebles ISTA: se incluyen inmuebles propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) que albergan Centros Educativos Oficiales, sus anexos y los destinados a servicios educativos o administrativos.
Resumen de procesos: se crean procedimientos especiales para agilizar la titulación de inmuebles y el acotamiento de derechos proindivisos, facilitando la gestión de propiedades por parte del Ministerio de Educación. Las reformas no contemplan expropiaciones.
En este punto, el ministro Pineda aclaró que no se harán expropiaciones de inmuebles, sino que se respeta la voluntad de los dueños.
Celeridad para la legalización de inmuebles: se agiliza el proceso de legalización de inmuebles educativos al permitir levantamientos topográficos sin autorización del propietario y al facilitar la inscripción de escrituras antiguas a nombre del Ministerio de Educación.
Facilitación de la inscripción y reducción de costos: se simplifica la transferencia de propiedades al Ministerio de Educación mediante la inscripción, por Ministerio de ley y se eliminan los costos, pagos, aranceles y requisitos de solvencia para agilizar el proceso ante el Centro Nacional de Registros (CNR).
