Diputados buscan fortalecer la gestión aduanera del país


Lunes 31 de marzo de 2025

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de exonerar de impuestos a integrantes de las delegaciones que asistirán a eventos que se realizarán en El Salvador y que permitirían mejorar la gestión aduanera a nivel internacional, combatir el fraude y facilitar el comercio.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó a favor de exonerar de todo pago de servicios, derechos migratorios y consulares a los integrantes de las delegaciones que participarán en la XXVII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe.

También se incluye a la XLV Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, a celebrarse las dos entre el 5 y el 9 de mayo de 2025 en el país.

Raúl Medrano, subdirector jurídico de aduanas, explicó que le corresponde a El Salvador ser el país anfitrión de dichos eventos, los cuales permitirán el intercambio de experiencias en la gestión aduanera a nivel internacional, fortalecer la cooperación mutua entre las aduanas para combatir el fraude y facilitar el comercio. 

El funcionario detalló que a los eventos asistirán delegaciones que requieren el pago de algunas tarifas por diferentes motivos. Ejemplifica que en el caso de República Dominicana, México, Bahamas, Brasil y Belice deben pagar una tarjeta migratoria con un costo de $132 dólares; y que para el caso de Cuba, Venezuela y Jamaica, se requiere un visado de $100. 

“En ese sentido y para darle mayor realce al evento, se ha hecho la propuesta de decreto de exonerar de todos pagos de servicios, derechos migratorios y consulares, así como el pago de cualquier tasa que se exija por el ingreso y salida a los integrantes de todas las delegaciones que participarán en todos los eventos”, aseguró Medrano.

La exoneración estaría siendo efectiva del 1 de mayo hasta el 12 de mayo de 2025. 

“Esperamos obtener el posicionamiento de El Salvador en el contexto aduanero internacional. Suscripción de acuerdos internacionales y el reconocimiento de empresas y promocionar la imagen del país a nivel internacional a través del fomento del turismo”, dijo Medrano. 

 

Ratificación de resolución 

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminaron a favor de ratificar la resolución CII/AG-5/24, mediante la cual la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resolvió aumentar el Capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) en $3,500,000,000.

Además, autorizaron al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda a adquirir acciones, con un valor nominal de $10,000 y un precio base de $21,000 cada una; a fin de mejorar la representación y participación del Gobierno de El Salvador en las decisiones de dicho organismo.

Para conocer más detalles de la iniciativa, los parlamentarios recibieron en la mesa de trabajo a Delia Reyes, subdirectora general de inversión y crédito público, quien explicó que en el año 2024 los Gobernadores de BID Invest acordaron autorizar un aumento de capital del BID Invest por la cantidad de $3,500 millones, con la emisión de 166,666 nuevas acciones con un precio de $21,000 cada una, distribuidas entre los países miembros de la entidad.

Reyes añadió que, del total de nuevas acciones que contempla el incremento del capital del BID invest, a cada país miembro se le asignó un número de las mismas, según el porcentaje de participación que el país tiene en el capital contributivo de dicha entidad.  Bajo ese contexto, a El Salvador se le asignaron 744 nuevas acciones, equivalentes a $15.6 millones. 

Hasta el año 2024, los países miembros regionales aportan el 53.7 % del capital del BID Invest y entre los que más aportan se encuentran Brasil con el 13.2 y Argentina con 11. 6 % % . El Salvador ha aportado el 0.5 %, lo que equivale a $12. 4 millones. 
 

Corporación Interamericana de Inversiones 

La Corporación Interamericana de Inversiones (ClI), renombrada como BID Invest en 2017, forma parte del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es país miembro desde el año 1986.

Dicha corporación tiene como objetivo apoyar al sector privado de los países miembros de Latinoamérica y el Caribe, con financiamiento en forma de inversiones de capital, préstamos y otorgamiento de garantías, y proporcionando servicios de asesoramiento, considerando que el sector privado debe ser un promotor del progreso económico y bienestar social, por lo cual, para el desarrollo de esas actividades, es importante que la entidad disponga de los recursos correspondientes, contando con el aporte de los países.

El BID Invest tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son regionales y 22 no regionales, y en 2024 el capital aportado por cada país mediante la suscripción de y pago de acciones ascendió a $2,711.3 millones. 

 

Incorporación de recursos al CONSAA

La Comisión también emitió otro dictamen que contiene reformas a la Ley de Presupuesto 2025, en la parte correspondiente al Ramo de Economía, para la incorporación del Presupuesto Especial del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), por la suma de $1,410,000. 

El pasado cuatro de marzo, la Asamblea Legislativa estableció la contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras para financiar el presupuesto del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

Dicha contribución será de ochocientas sesenta y tres millonésimas de dólar ($0.000863) por libra de azúcar extraída, equivalente a ciento noventa cien milésimas de dólar ($0.00190) por kilogramo de azúcar extraído. 

Se estima que durante la zafra 2024-2025 hubo una extracción de 1, 633,000,000 libras de azúcar, lo que equivale a $1,410,000 que debe ser incorporado a la entidad para que cumpla con sus funciones como máxima autoridad que se encarga de la aplicación de la Ley de Producción, Industrialización y Comercialización de la agroindustria azucarera de El Salvador. 

Actualmente, esta entidad se encarga de promover la optimización de la productividad y la competitividad agrícola e industrial del sector económico.