La Comisión de Hacienda estuvo a favor de reforzar con $20 millones al Ministerio de Agricultura para la logística de dichos centros de abastos, que funcionan desde 2024, y la creación de nuevos puntos de venta.
Para proteger la economía de la población y asegurar el acceso a alimentos de calidad a precios accesibles, los diputados de la Comisión de Hacienda dictaminaron a favor de reformar la Ley de Presupuesto 2025, para orientar $20 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Este dinero fortalecerá la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados en todo el país.
Estos centros de abasto, creados por el Gobierno en 2024, buscan garantizar el suministro de productos de la canasta básica con precios justos, conectando a productores con consumidores, sin intermediarios.
Durante el estudio del dictamen, la subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, informó que, hasta la fecha, existen 61 establecimientos de este tipo, junto con la Central de Abastos de Soyapango.
La funcionaria detalló que con la asignación de fondos se dará “el fortalecimiento de la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos, para puntos de enlace comercial”.
Este punto fue reforzado por el diputado de Nuevas Ideas, Eduardo Mulato, quien señaló que “son cerca de 8.9 millones de visitas que se reciben en los agromercados que ha implementado el Gobierno, que ha generado beneficios a la población con un ahorro entre los $30 y $35, según un sondeo del MAG”.
Con la asignación de los fondos, se prevé abrir nuevos agromercados para contribuir a la seguridad alimentaria de la población y a la economía rural, evitando el impacto de las crisis estacionarias.
Así mismo, se continuaría la ejecución y el financiamiento de gastos de operación de la nueva Central de Abastos de Usulután, que forma parte del proyecto “Centrales de Mayoreo, conocida como Central de Abastos (CDA)”, según la representante de Hacienda.
Impulso al turismo y mayor cobertura de electricidad
En la sesión de trabajo, los legisladores también estudiaron dos dictámenes más, uno relacionado con el turismo en la zona costera de La Libertad y Sonsonate; y otro con un proyecto de energía eléctrica que ampliará la cobertura del suministro en todo el territorio.
En cuanto al rubro de turismo, El Salvador se ha posicionado como un destino de clase mundial, pues según expuso la legisladora Dania González, existe un crecimiento del 36 % en los últimos tres años.
“Es uno de los grandes ejes principales de nuestra política nacional en la atracción de inversión para desarrollarnos, no solo como un destino seguro, si no moderno y competitivo en la región”, afirmó González.
Por ello, la comisión emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto General de la Nación en el ramo de Obras Públicas y de Transporte, para asignar $22,777,027, provenientes de un préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que servirán para financiar el Programa Surf City Fase I.
Este tiene por objetivo mejorar las condiciones de movilidad urbana, turística y logística, así como la gestión de los recursos naturales, a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la carretera Litoral, estimulando los esfuerzos de desarrollo humano y productivos para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas.
La subdirectora general del Presupuesto expresó que existe un acuerdo por un monto de hasta $113 millones para financiar el programa Surf City I y con la asignación de lo solicitado se ejecutarán dos proyectos de inversión en la fase I.
El primer proyecto consiste en la construcción de intercambiador en Corredor Pacífico, en la intersección entre la carretera Litoral y la de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
Este incluye un paso a desnivel de dos carriles sobre la carretera hacia Acajutla; la construcción de accesos, rampas de entrada y salida; un puente sobre el río Sensunapán y construcciones conexas como trabajo de drenaje, instalaciones eléctricas y obras de movilidad en el ciclo peatonal.
Mientras que, el segundo proyecto consiste en la ampliación de la carretera que conduce desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, sobre la Vía Turística Costera Surf City I, tramo II, en el departamento de La Libertad.
Este comprende la ampliación de dos a cuatro carriles y tendrá una longitud aproximada de 8.67 kilómetros, entre ambas playas, incluyendo obras de drenaje, construcción de aceras, ciclovías, bahías para autobuses, miradores y zonas de estacionamiento.
Los parlamentarios también dictaminaron a favor de que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) suscriba, en segunda vuelta, un contrato de préstamo por $93 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador.
Este tiene como objetivo garantizar que, para el 2030, todos los hogares y centros educativos salvadoreños tengan acceso a la electricidad, con mayor énfasis en las zonas rurales.
Con los fondos del empréstito se busca diseñar perfiles técnicos y construir extensiones de redes de distribución, así como miniredes y sistemas fotovoltaicos individuales aislados; fortalecer la capacidad técnica de la CEL para la operación, mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos de electrificación.
En total se beneficiaría a un aproximado de 8,735 familias, sobre todo en el interior del país.
