La Asamblea Legislativa aprobó enmiendas para ampliar los incentivos fiscales a las empresas que reinviertan y generen más empleo en el país.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, con el objetivo de atraer mayor inversión nacional y extranjera, fomentar la ampliación de proyectos existentes y fortalecer la competitividad del país frente a los nuevos retos del comercio internacional.
Las enmiendas permitirán actualizar el marco legal —vigente desde 1998— y con eso se responderá a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y comerciales a nivel mundial.
Entre los cambios está la ampliación de los incentivos fiscales para desarrollistas, usuarios de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo (DPA). Por ejemplo, cuando se les termine el período de exenciones, estas podrán seguir recibiendo beneficios hasta por 10 años más. Para obtenerlos deberán demostrar que han invertido más dinero en el país y aumentado el número de empleos en un 100 %.
Las reformas aprobadas permitirán que estos plazos adicionales de exenciones puedan solicitarse en más de una ocasión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Esto incentivará la reinversión continua y la expansión de operaciones dentro del país.
Además, cuando los actuales beneficiarios de la ley finalicen sus plazos vigentes, tendrán un periodo de gracia de dos años. Durante este tiempo podrán continuar gozando de los incentivos fiscales mientras realizan las inversiones necesarias para mantenerse dentro del régimen; de no cumplir con lo requerido, deberán cancelar los impuestos que correspondan.
Adicionalmente, los usuarios de zonas francas que operen en parques de servicios autorizados serán considerados legalmente como si estuvieran instalados dentro de una zona franca, ampliando las posibilidades de inversión en el sector de servicios.
Otro aspecto contemplado dentro de las modificaciones es la actualización de las reglas sobre áreas verdes, tanto en zonas francas como en DPA. Las enmiendas flexibilizan su ubicación, permitiendo que parte de estas áreas se establezcan fuera de los complejos industriales, siempre que se garantice una compensación ambiental equivalente y se cuente con las autorizaciones de las instituciones competentes, como las autoridades de ordenamiento territorial.
