Los diputados reformaron la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, para darles nuevas herramientas que les permitan acceder a financiamiento, reducir cargas administrativas y fortalecer su desarrollo.
La Asamblea Legislativa reformó, con 57 votos, la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, con el objetivo de actualizar la normativa que regula a este sector, facilitar su formalización y ampliar las oportunidades de financiamiento y crecimiento para los pequeños negocios del país.
Con estas modificaciones se busca modernizar el marco legal que rige a las micro y pequeñas empresas (MYPE), las cuales representan la gran mayoría del tejido productivo en El Salvador y desempeñan un papel clave en la generación de empleo y dinamización de la economía.
Datos presentados a los legisladores por el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, durante el estudio de la propuesta, revelan que las micro y pequeñas empresas representan el 99.6 % del total de empresas y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador, lo que refleja su importancia dentro del aparato productivo nacional.
Uno de los cambios más relevantes aprobados a la normativa es la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas. De acuerdo con la reforma, una microempresa será aquella que registre ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y cuente con un máximo de 10 trabajadores.
En el caso de las pequeñas empresas, estas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos anuales y una plantilla de hasta 50 empleados.
Además, las microempresas se subdividirán en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el propósito de identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas.
Las microempresas de subsistencia serán aquellas con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores.
Las de acumulación registrarán ingresos superiores a ese monto y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, con entre tres y cuatro empleados.
Mientras que las de expansión podrán alcanzar hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales y contar con entre cinco y 10 trabajadores.
Pago oportuno y simplificación de trámites
Las reformas también incorporan disposiciones orientadas a proteger a los pequeños negocios frente a prácticas que afectan su sostenibilidad, como los retrasos en los pagos por parte de instituciones.
En ese sentido, se establece que las entidades deberán cancelar bienes y servicios proporcionados por una MYPE en un plazo máximo de 30 días. De no hacerlo, deberán asumir el pago de intereses.
Asimismo, la normativa incorpora el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el fin de evitar cargas excesivas para las micro y pequeñas empresas y facilitar su proceso de formalización.
Las modificaciones también promueven la simplificación de trámites, ya que la burocracia ha sido identificada como una de las principales barreras para que muchos emprendimientos se registren formalmente.
Coordinación para impulsar el desarrollo local
Como parte de los cambios aprobados se creará el Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo orientado a fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, el sector empresarial y actores territoriales para impulsar el crecimiento del sector. La implementación y supervisión de este sistema estará a cargo de CONAMYPE.
Además, los gobiernos municipales deberán establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las MYPE para promover proyectos y programas que impulsen el desarrollo económico en los territorios.
Inclusión financiera
Las reformas también contemplan la inclusión, ya que el sector financiero deberá impulsar servicios y productos adaptados a las necesidades de las MYPE, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento. Para ello, la banca estatal y el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera promoverán instrumentos como sistemas de garantías, fideicomisos, arrendamiento financiero y capital de riesgo.
De la misma manera, los programas de financiamiento deberán considerar las características de las micro y pequeñas empresas, con requisitos más flexibles que tomen en cuenta su capacidad de ingresos, el uso de garantías solidarias, el historial crediticio y el tiempo de operación, para fomentar su formalización y competitividad.
