La Comisión Política continúa el proceso para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución. El Gobierno solicitó cambios al Código Penal y otras tres leyes para que homicidas, violadores y terroristas no tengan posibilidad de evadir a la justicia.
Como parte del proceso para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución —aprobada el pasado 17 de marzo, para habilitar la cadena perpetua a quienes cometan delitos de homicidio, violación y terrorismo— los diputados de la Comisión Política recibieron al ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y al de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, quienes explicaron la necesidad de modificar leyes secundarias para garantizar que no existan vacíos.
Las normativas que el Órgano Ejecutivo ha solicitado reformar son el Código Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, detalló Villatoro.
Según dijo, la reforma al artículo 27 de la Constitución busca que el sistema judicial sea digno de credibilidad para la población y que el victimario tenga la sanción que amerita.
Por su parte, el presidente de la comisión, Ernesto Castro, aseguró que la armonización de estas leyes con la reforma constitucional marcará un antes y un después, ya que se castigará con mayor rigor a quienes cometen dichos delitos y se les dará una verdadera justicia a las víctimas.
“Una vez más, vamos a ser parte de la historia de este país para que los homicidas, los violadores y los terroristas pasen toda la vida en la cárcel”, afirmó el diputado presidente.
Agregó que El Salvador se está transformando y no volverá al pasado, como cuando los gobiernos anteriores hacían pactos con las pandillas y los funcionarios se reunían con cabecillas de esas estructuras para acceder a sus chantajes a cambio de “calmar los homicidios”.
“Este país, gracias a Dios, ya cambió y no vamos a comprometer a las nuevas generaciones”, afirmó el legislador. Además, reiteró que la Asamblea Legislativa continuará acompañando todas las iniciativas del Órgano Ejecutivo que beneficien a la población.
Artículos a modificar
El ministro Villatoro detalló que el Gobierno solicitó a los diputados modificar 10 artículos del Código Penal. Entre ellos el 128, 129, 158, 159 y 162, con el objetivo de que los delitos de homicidio simple, homicidio agravado; así como la violación, la violación en menor o incapaz y la violación y la agresión sexual agravada sean castigados con cárcel del por vida.
Además, se añadirán cuatro nuevos artículos: 85-A, 92-B, 92-C y 344-A.
El artículo 85-A es para establecer que en los casos sancionados con pena de prisión perpetua, una vez cumplido el plazo dispuesto, según el delito cometido, se pueda otorgar el régimen de libertad controlada.
Al título III, referente a “Penas” —en el capítulo IV “De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad”— se adicionarán los artículos 92-B y 92-C.
El 92-B detalla que la pena de prisión perpetua se ejecutará con revisión obligatoria cuando se hayan cumplido: 25 años para delitos cometidos por menores de edad; 30 años, si se cometió un solo delito; 35 si hubo concurso de delitos y 40 años cuando concurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada.
Mientras que el artículo 92-C hace referencia a la revisión de la prisión perpetua al condenado. En este caso, un juez evaluará si la persona puede reinsertarse en la sociedad, basándose en informes sobre su conducta en prisión y tras una audiencia, el juez podrá conceder o negar régimen de libertad controlada.
Asimismo, el funcionario mencionó que se incluirá el artículo 344-A, para que quienes pertenezcan a organizaciones terroristas, conocidas como pandillas, sean sancionados con pena de prisión perpetua.
También se ha pedido reformar los artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para que se imponga cadena perpetua a quien sea encontrado culpable de los delitos de feminicidio y feminicidio agravado. Actualmente, el primero se castiga con una pena de entre 20 y 35 años, y el segundo tiene una pena entre 30 y 50 años.
El pliego de reformas también contempla un cambio a los artículos 8, 9 y 15 de la Ley Penal Juvenil. Con ello se busca que un menor de edad que cometa un hecho tipificado como delito reciba la pena de prisión perpetua.
A la Ley Especial contra Actos de Terrorismo se le harían enmiendas a los artículos 4 y 13, relacionados con la definición de organizaciones terroristas y el incremento de penas de cárcel a integrantes de pandillas y a jefes o dirigentes de la estructura.
La ley vigente castiga a los miembros de pandillas con penas de entre 15 y 20 años de prisión. Con la reforma se incrementará de 20 a 30 años.
Además, los jefes, dirigentes o cabecillas que actualmente son sancionados con prisión de 30 a 40 años, recibirán penas de 40 a 60 años.
Villatoro afirmó que las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción —aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022— han permitido reducir la tasa de homicidios a niveles históricos y han posicionando al país entre los más seguros del hemisferio occidental.
Sin embargo, el ministro señaló que hay alta incidencia en otros delitos y se le deben dar herramientas al sistema judicial para fortalecer su trabajo.
“Por 30 años de fracaso en un sistema judicial que nos dejaron, los criminales albergan una esperanza. El sistema ponía en libertad a los delincuentes, eso se pretende cambiar”, apuntó el funcionario.
