En la tercera jornada de estudio de la ratificación, los diputados escucharon al fiscal general, Rodolfo Delgado, quien respaldó la reforma para implementar la cadena perpetua en delitos graves.
La Comisión Política continuó con el estudio para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución, que busca habilitar la cadena perpetua para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo.
Aunque la iniciativa fue aprobada el pasado 17 de marzo, el artículo 248 de la Constitución establece que debe ser ratificada por las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa para su implementación.
La modificación busca evitar que quienes cometan estos delitos evadan la justicia y abarca el Código Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, para armonizarlas a la reforma constitucional.
En la tercera sesión de trabajo, los parlamentarios convocaron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien expuso su valoración técnica sobre las reformas constitucionales en estudio.
El funcionario manifestó su respaldo a la iniciativa y recomendó a los legisladores avanzar hacia la ratificación de la misma, ya que a su juicio, la propuesta responde al contexto actual del país relacionado con el combate frontal a las pandillas y la necesidad de fortalecer las herramientas legales para garantizar la seguridad ciudadana.
Revisión de la pena
Uno de los puntos en los que profundizó el fiscal general fue en el mecanismo de revisión de la pena perpetua, que contempla el artículo 92-B que se incorporaría en el Código Penal, el cual —según explicó— es clave para asegurar que la reforma sea compatible con el Estado de derecho y los estándares internacionales.
Explicó que este artículo permite que la condena no sea fija ni definitiva, sino que pueda ser evaluada periódicamente.
De acuerdo con el fiscal, esta revisión permitiría analizar, mediante estudios técnicos y criterios objetivos, si la persona condenada ha dejado de representar un riesgo para la sociedad.
Entre los aspectos a valorar se incluirían su conducta en prisión, su evolución personal y la posibilidad real de reinserción social.
Asimismo, enfatizó que este mecanismo responde al principio de “esperanza de liberación”, reconocido en el derecho internacional, el cual establece que incluso en casos de penas prolongadas debe existir la posibilidad de que el condenado recupere su libertad si demuestra un cambio sustancial. Sin esta revisión, advirtió, la pena podría considerarse inconstitucional.
Aclaró que la cadena perpetua no contradice los compromisos internacionales asumidos por El Salvador, ya que —según indicó— los sistemas de derechos humanos permiten la prisión perpetua siempre que incluya mecanismos reales de revisión.
En las modificaciones a este artículo incluyen que la pena de cadena perpetua se revisará obligatoriamente a los 25 años cuando se trate de delitos cometidos por menores de edad, a los 30 años si es solo un delito, a los 35 años cuando sean varios delitos cometidos por una misma persona y a los 40 años cuando ocurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada.
El fiscal aseguró que la pena perpetua es una herramienta del derecho y “no es una aniquilación biológica” .
El momento preciso para aplicar la cadena perpetua
Asimismo, el titular del Ministerio Público, expuso que este es un buen momento para implementar la reforma, debido a que el sistema de justicia podría responder mejor ante esta propuesta.
“La cadena perpetua sería la pena principal para los delitos de naturaleza más grave en contra de homicidas y violadores y miembros de grupos terroristas, porque los violadores y homicidas no son necesariamente parte de un grupo terrorista”, afirmó el fiscal.
Recordó que los centros penales del pasado no estaban preparados para mantener a estas personas privadas de libertad por largos periodos, lo que incluso habría resultado contraproducente, debido a la falta de condiciones de seguridad y control.
Añadió que en ese entonces los niveles de impunidad eran elevados, llegando a rondar el 95 % en la investigación de homicidios.
El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que en el pasado no existía consenso para defender a la población salvadoreña; sin embargo, sostuvo que la actual legislatura ha brindado la gobernabilidad necesaria al presidente Nayib Bukele para transformar la realidad del país.
“Lo que queremos es que nos salgan de la cárcel tenemos que asegurar a las futuras generaciones porque es nuestra responsabilidad, ya basta de ver por los asesinos y olvidarnos de la víctimas”, afirmó Castro.
