Ley de registro de terroristas, de lavado de dinero y normar ascensos policiales, retos de Comisión de Seguridad


Hay un avance considerable del estudio de los 24 artículos de la Ley de registro de terroristas; en tanto, la comisión espera la opinión del nuevo fiscal general y de la Sala de lo Constitucional para continuar el estudio de reformas a la Ley Orgánica de la FGR y del anteproyecto de Ley de Lavado de Activos, ambas iniciativas buscan combatir la corrupción y los delitos financieros, así como evitar que el país sea considerado paraíso fiscal.

Viernes 11 de enero de 2019


Fotografía. Archivo

Finalizar el estudio y aprobación del proyecto de Ley de registro de terroristas está entre los retos que se propone la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad durante los primeros meses de 2019. Otras prioridades son el análisis del anteproyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y una reforma integral a la Ley de la Carrera Policial y Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de regular los ascensos policiales.

En cuanto a la primera iniciativa para registrar a quienes pertenecen a una mara o pandilla, el pasado 8 de agosto, los diputados que conforman la mesa legislativa iniciaron el estudio del expediente; se busca emitir una ley que contribuiría a prevenir crímenes y otros hechos delictivos al identificar a estructuras que constituyan un riesgo social en el país.

Se ha realizado un análisis integral, revisando los 24 artículos que contiene el proyecto de ley, quedando a punto de proponer al Pleno un dictamen para su aprobación, esto tras considerar aportes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Unidad Técnica Ejecutiva, entre otros. Hay una posición del diputado Javier Valdez (FMLN) subrayando que en esa legislación se deje claramente establecido que el registro solo abarcaría a miembros de maras o pandillas, a fin de no violentar los derechos de las personas.

Aunado al esfuerzo de la lucha contra la corrupción, la comisión propone una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para establecer la autonomía al funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita al Ministerio Público, según recordó el presidente de esa instancia legislativa, diputado Antonio Almendáriz (PCN). En relación a lo anterior, el 17 de octubre de 2018, con los votos de la mayoría de diputados, el Pleno superó el veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la FGR que fueron aprobadas el pasado 20 de julio; no obstante, la mesa legislativa está a la espera de una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre lo actuado por los diputados al respecto.

En otra moción, el análisis de una nueva Ley de Lavado de Activos se realizará tomando como base una propuesta  presentada el año pasado por el anterior fiscal general y cuyo propósito es prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, y su encubrimiento; además, busca implementar medidas para dar cumplimiento a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo es combatir la corrupción e ilícitos de carácter financiero para evitar que el país sea considerado dentro del listado de paraísos fiscales.  

Respecto a este tema, el diputado Almendáriz reiteró que por acuerdo la comisión escuchará primero al nuevo titular de la FGR, Raúl Melara, -que asumió funciones el pasado 6 de enero- para ver si está de acuerdo que se continúe la revisión del texto presentado por su antecesor o si existen observaciones sobre el anteproyecto en mención.

Una vez se tenga clara la posición del nuevo fiscal general, la comisión iniciaría el estudio -al consignar en una matriz las observaciones, propuesta de redacción y la justifiiación- con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, Superintendencia del Sistema Financiero y de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Revisarán propuestas para ascenso de oficiales junto al Gabinete de Seguridad

Para analizar una reforma integral y normar los ascensos policiales, la mesa legislativa de seguridad recibirá la próxima semana al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, con el propósito de escuchar su opinión para legislar sobre los ascensos de oficiales de la corporación policial.

La  mayoría de grupos parlamentarios coinciden en que se debe efectuar una modificación integral a las dos normativas que tienen que ver con la temática, a fin de dejar establecido el proceso para realizar los ascensos en la principal institución que vela por la seguridad pública en el país. Incluso se habla de la posibilidad de contemplar un decreto de retiro voluntario para abrir espacios a nuevos oficiales.

Al respecto, el diputado Almendáriz ha recalcado que no se debe generar expectativas, pues por ahora no se han realizado cursos para ascender de inspector jefe a subcomisionado por no tener disponibilidad de plazas.

Sobre esta última propuesta, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) propuso, esta semana, una reforma a la Ley de la Carrera Policial para crear lo que denomina como Fondo de Protección para el personal operativo de la PNC y saldar una deuda histórica con la institución. Gallegos planteó que dicho fondo de beneficio servirá para aquellos que cumplen 60 años y están por completar su tiempo de servicio, así como a las familias de los mismos. Se prevé que 221 agentes de los 23 mil efectivos que conforman la PNC están por cumplir dichos requisitos. Lo anterior permitiría avalar un decreto de retiro voluntario de los miembros de la corporación y así se pueda abrir espacios a nuevos oficiales en la corporación.

René Serrano