Exoneran de pago a más de 2 mil juntas administradoras de agua


La iniciativa contó con los votos de los grupos parlamentarios: FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC y CD; esto con el compromiso de alcanzar mejores niveles de cobertura en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; además de ser un reconocimiento a diversas iniciativas sociales y comunitarias para que continúen desarrollando sistemas de abastecimiento de agua potable, sin fines de lucro, para los habitantes de los diferentes asentamientos humanos especialmente en áreas rurales.

Por: María Teresa Gutiérrez
Jueves 21 de febrero de 2019
Fotografía: Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó durante la sesión plenaria de este jueves un dictamen para dejar sin efecto los saldos pendientes con la Administración de Alcantarillados y Acueductos (ANDA), así como la exclusión de pago de tarifas  en concepto de explotación privada, a las denominadas Junta Administradoras de Agua Potable, Administradoras Comunales de Agua Potable, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, y Comités de Agua Potable legalmente constituidos.

La iniciativa contó con los votos de los grupos parlamentarios: FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC y CD; esto con el compromiso de alcanzar mejores niveles de cobertura en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; además de ser un reconocimiento a diversas iniciativas sociales y comunitarias para que continúen desarrollando sistemas de abastecimiento de agua potable, sin fines de lucro, para los habitantes de los diferentes asentamientos humanos especialmente en áreas rurales.

Con dicha aprobación se beneficiará a 2 mil 326 Juntas Administradoras de Agua, declaradas de “Interés Social” por parte de la autónoma ANDA, dando así, cumplimiento a  la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Los beneficios establecidos en el referido decreto, se constituyen como un reconocimiento “al derecho de la vida que está vinculado en esencia al derecho al agua de todos los seres humanos por eso este decreto es tan importante”, señaló la presidenta de la Comisión de Economía -que impulsó el dictamen-, diputada Margarita Escobar (ARENA); a la vez la parlamentario precisó en que la medida “dará certeza jurídica a 260 mil familias en todo el territorio nacional en zonas rurales, urbanas y semiurbanas que se ven abastecidas de agua potable por las juntas administradoras de agua”.

De igual modo, la legisladora Yanci Urbina (FMLN) felicitó a los representantes de las diversas juntas administradoras de agua por “el rol que realizan a lo largo de todo el territorio nacional”; así mismo recordó que “para ser beneficiario de esta exención de pago hay que tener un registro en ANDA que les califique de interés social y está dirigido para aquellas entidades que ejecutan proyectos de agua para el uso doméstico y sin fines de lucro”.

Por su parte, el parlamentario Luis Urías (PCN) indicó: “Con este decreto se ayuda a las juntas de agua que ya no tendrán que cancelar el pago de tarifas y permitirá que muchas comunidades que no tienen agua se puedan organizar y pedir ayuda para tener este preciado líquido vital”.

De la misma manera, el diputado Rodolfo Parker (PDC) hizo referencia a la necesidad de proteger el recurso hídrico en El Salvador, por lo que se pronunció  a favor de aprobar la Ley de Agua este año y asimismo resaltó: “el Río Lempa se está secando, de allí se potabiliza la mayor parte de agua, hacemos este recordatorio para sensibilizar en la dirección que las entidades, entiéndase CEL den parte de sus utilidades”.

Según el informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo (Sudáfrica), -emitido el 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002-, se recomienda dar acceso al agua potable en los hogares, desarrollar la infraestructura de abastecimiento, distribución y tratamiento de agua donde más se necesita, además de crear la capacidad para mantener y gestionar sistemas que permitan prestar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, tanto en zonas rurales como urbanas.