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La Ley de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19, permitirá que se ayude a salvadoreños con padecimiento de este virus a mejorar su estado de salud; además prohíbe solicitar o recibir gratificación por facilitar plasma sanguíneo.

Las enmiendas, además de regular el régimen de celebración de audiencias virtuales, incrementan la eficiencia de la gestión judicial de los procesos civiles y mercantiles mediante la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Este beneficio llegaría al personal que labora en el Ministerio de Salud y en el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). El seguro de vida es complementario al que ya gozan los servidores públicos, según lo establecido en el artículo 110 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Según análisis científicos y médicos, lo idóneo es realizar cuarentenas focalizadas en municipios con más contagios. En ese sentido, el Ministerio de Salud deberá ser el encargado de determinar cuáles son los primeros 60 municipios que entrarían en esta medida.

La propuesta de Ley de la Persona Adulta Mayor contempla que el Estado debe constituirse en el principal garante de la implementación de leyes, planes y programas dirigidos a la atención integral de las personas adultas mayores.

Esta iniciativa plantea que los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Economía (MINEC), junto a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), deben crear un proceso expedito para la compra de alimentos de granos básicos, hortalizas, frutales, productos derivados de la apicultura, acuicultora y ganadería a productores en pequeño, cooperativas y microempresarios nacionales.

Se proponen mociones para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telefonía, así como incentivos fiscales para auxiliar a medianos y pequeños empresarios.

Según la ley vigente, los cotizantes que solicitan dicho porcentaje están en la obligación de reintegrarlo, junto con los intereses que la misma normativa señala, de lo contrario no pueden jubilarse, aunque ya hayan cumplido con los años de cotización y edad de retiro.

“Hemos manifestado que el decreto debe de estar listo el jueves. Deben dársele los lineamientos al Ministerio de Salud para que pueda echar a andar sus esfuerzos en aquellas zonas en las que está el contagio del virus. El Ministerio de Salud los tiene bien focalizados, no es a nivel nacional que debe darse la suspensión de garantías, es en lugares específicos, en lugares concretos que están altamente contagiados”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce.

“Hemos manifestado que el decreto debe de estar listo el jueves. Deben dársele los lineamientos al Ministerio de Salud para que pueda echar a andar sus esfuerzos en aquellas zonas en las que está el contagio del virus. El Ministerio de Salud los tiene bien focalizados, no es a nivel nacional que debe darse la suspensión de garantías, es en lugares específicos, en lugares concretos que están altamente contagiados”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce.

La Ley de Protección de Datos Personales busca proteger los datos personales de los salvadoreños en posesión de entidades de carácter privado o público, a fin de garantizar el derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas naturales; la misma será analizada la próxima semana.

La propuesta de Ley Transitoria de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19, sería de beneficio para salvadoreños que requieren obtención de plasma para mejorar su estado de salud debido al padecimiento de COVID-19.

“Si no viene acompañado de un plan por parte del Ejecutivo a nivel del Ministerio de Salud, que es el ente rector de resolver el problema sanitario y de salud, difícilmente se van a lograr los objetivos. Esto también tiene que cumplir con parámetros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podemos aprobar un decreto de garantías constitucionales si no cumple con los presupuestos […]”, presidente de la Comisión Política, diputado Mario Ponce

Este beneficio a los profesionales de la salud es el resultado de una normativa aprobada por los diputados, el pasado mes de abril, y que el Ejecutivo retornó vetada por inconstitucional. El 15 de mayo, el Pleno Legislativo ratificó dicho decreto (conocido como superación del veto), el cual fue declarado posteriormente como constitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley Orgánica Judicial plantea que solo podrán ejercer la función de ejecutor de embargos quienes estén autorizados por la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley. Algunos de los requisitos son ser salvadoreño, al menos egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y aprobar el examen para ejercer el cargo.

El decreto que se ratifica es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Legislativo y delegados del Gobierno, quienes, durante cinco días consecutivos y en largas jornadas, buscaron acuerdos y consensos, logrando entre el 80 y 90% de coincidencias.

Los diputados enfatizaron en la necesidad de crear de manera urgente un fideicomiso para recuperar la economía de las empresas salvadoreñas y dar certeza a las micro y pequeñas empresas de que van a resurgir, así como agilizar la obtención de los recursos por parte del Ejecutivo para financiar el fideicomiso en comento.

Según el dato brindado en la comisión, se han recibido más de 39 solicitudes. El próximo 27 de agosto vence el período para el que fue electa la presidenta y los magistrados de la CCR.

Los parlamentarios manifestaron que antes de resolver sobre dichas propuestas es necesario contar con estudios actuariales a fin de contar con información actualizada sobre la liquidez de las Asociaciones de Ahorro de Fondos de Pensiones (AFP). De esa forma, aseguran que tendrán claridad sobre la viabilidad de las mismas.

Las medidas se proponen el marco del alza de contagios por COVID-19 y podrían ser aplicables durante tres meses, en aras de proteger a este sector poblacional, a los servidores públicos de dependencias judiciales, centros penitenciarios, traslado de reos y del Órgano Judicial, así como a usuarios del sistema de justicia.