Legislación

Las enmiendas, además de regular el régimen de celebración de audiencias virtuales, incrementan la eficiencia de la gestión judicial de los procesos civiles y mercantiles mediante la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación.

La propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley Orgánica Judicial plantea que solo podrán ejercer la función de ejecutor de embargos quienes estén autorizados por la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley. Algunos de los requisitos son ser salvadoreño, al menos egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y aprobar el examen para ejercer el cargo.

Las medidas se proponen el marco del alza de contagios por COVID-19 y podrían ser aplicables durante tres meses, en aras de proteger a este sector poblacional, a los servidores públicos de dependencias judiciales, centros penitenciarios, traslado de reos y del Órgano Judicial, así como a usuarios del sistema de justicia.

Plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales continuarán suspendidos hasta el 19 de junio próximo. Se exceptúa de la medida a las unidades de acceso e información pública y el Instituto de Acceso a la Información pública.

Con la normativa también se habilita el uso del Documento Único de Identidad (DUI) cuyo vencimiento está previsto dentro del plazo de vigencia del presente decreto. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad no estarán obligadas a la comparecencia de ley para el goce de su pensión, mientras dure la ley.

A partir del diecisiete de mayo hasta el 24 del mismo mes, continúan suspendidos los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren.

De acuerdo a la argumentación del dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la ampliación de la vigencia de la ley es porque existen inmuebles que por diversas circunstancias no han podido ser legalizados e inscritos a favor de dicha cartera de Estado. Los efectos de la ley vigente concluirían el 12 de mayo próximo.

En el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió un dictamen favorable, a fin de prorrogar las disposiciones contenidas en la Ley Especial para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

La iniciativa en estudio de la comisión de legislación busca la emisión de “Disposición Transitoria a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita”, a fin de poner a disposición del Ministerio de Salud, los bienes inmuebles bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.

Su credencial de elección debe encontrarse en ciertas condiciones: Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y que su período de elección finalice durante el plazo en que se encuentre vigente la emergencia; cuando el período de elección finalizó antes de la declaratoria de estado de emergencia y se encuentre en trámite la aprobación de una nueva credencial; o cuando el período de elección finalizó sesenta días antes de la declaratoria de estado de emergencia nacional y se encuentren imposibilitados para realizar convocatoria de asamblea general de miembros o administradores, según sea el caso.