Seguridad

Hay un avance considerable del estudio de los 24 artículos de la Ley de registro de terroristas; en tanto, la comisión espera la opinión del nuevo fiscal general y de la Sala de lo Constitucional para continuar el estudio de reformas a la Ley Orgánica de la FGR y del anteproyecto de Ley de Lavado de Activos, ambas iniciativas buscan combatir la corrupción y los delitos financieros, así como evitar que el país sea considerado paraíso fiscal.

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad convocará al titular del ramo de Justicia y Seguridad y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de escuchar su opinión sobre una reforma integral a la Ley de la Carrera Policial y a la Ley Orgánica de la PNC. Queda pendiente el estudio de la Ley de Lavado de Activos y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para lo cual consultarán al nuevo titular de esa entidad.

Según lo determinó la comisión, cada entidad convocada a participar en el estudio de la iniciativa, deberá consignar en una matriz sus observaciones, propuesta de redacción y la justificación de la misma.

Durante los ocho meses de trabajo - lo que va de la legislatura 2018-2021- la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad ha impulsado y dictaminado importantes reformas y medidas para el combate y prevención del crimen y otros delitos. Para lograrlo, han escuchado opiniones de las entidades involucradas, como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras.

En la anterior sesión plenaria, se aprobó un decreto transitorio con vigencia de un año que contribuirá a reducir el hacinamiento en las celdas policiales y permitirá que entre 800 y 1000 agentes dejen de custodiarles y se dediquen a tareas de seguridad pública. Además, en materia de seguridad pública, se avaló una enmienda a la ley contravencional para prohibir ruidos mayores de 50 decibles que afecten la tranquilidad de los ciudadanos.

El Pleno Legislativo aprobó enmiendas a la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas -avalada el 31 de marzo de 2011- a fin de prohibir los ruidos mayores de 50 decibeles que perturben la tranquilidad de los ciudadanos cerca de hospitales, centros educativos, servicios de emergencias y zonas residenciales.

El Pleno Legislativo aprobó una medida transitoria, con vigencia de un año, para el traslado de unos 3,000 privados de libertad -cuyos procesos se encuentran en fase de audiencias con medidas de detención provisional- desde las delegaciones o puestos policiales hacia los centros penitenciarios. Con ello, también se da cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional referente al hacinamiento en las sedes policiales.

De acuerdo al presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, diputado Antonio Almendáriz (PCN), el decreto -que tendrá vigencia por un año- permitirá dar cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional referente al hacinamiento en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad acordó convocar la próxima semana al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al director de la PNC y a su similar de la ANSP, a fin de revisar una propuesta de reformas a la Ley de la Carrera Policial; además escucharán opinión de la presidenta de COMURES, Milagro Navas, respecto a una solicitud de modificación de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas.

Los mocionantes aseguran que uno de los centros recreativos más afectados por la inseguridad es el parque ecológico San Lorenzo, abierto al público desde hace 18 años. Hay temor de frecuentar dicho lugar porque en los últimos meses han denunciado la agresión y daño a los animales en resguardo y que pertenecen a especies en peligro de extinción.