Familia, niñez, adolescencia y adulto mayor

Los parlamentarios deliberan sobre el establecimiento de un porcentaje determinado que las instituciones públicas deberán destinar de sus presupuestos, para dar cumplimiento a los proyectos o programas que se estipulan en la ley que tienen en estudio, para brindar atención e inclusión a personas con discapacidad.

Se contempla que al menos el 5% del presupuesto asignado a las entidades públicas se utilice para la atención e inclusión de personas con discapacidad.

El artículo avalado señala que las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio de votar y postularse a cargos de elección popular sin discriminación -como candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales-.

En el anteproyecto de ley que fue sometido al escrutinio de diversas instituciones públicas y privadas desde diciembre del año 2018, se contempla que al menos el 5% del presupuesto asignado a las entidades públicas se utilice para la atención e inclusión de personas con discapacidad.

La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad está por iniciar el estudio del anteproyecto de Ley de las Personas Adultas Mayores, el cual vendría a garantizar el ejercicio integral de los derechos de este sector por medio de su participación activa en todos los aspectos de la vida y del Estado.

Avalan dos tipos de sanciones a efecto de garantizar lo establecido en la ley, el Tribunal podrá imponer: sanciones pecuniarias que son de tipo económico y se clasifican en leves, graves y muy graves, y no pecuniarias; el tribunal tomará en cuenta la capacidad económica del infractor y la naturaleza de los hechos para amonestar por escrito o prestar servicio comunitario

Los legisladores acordaron tipificar como muy grave el incumplimiento de la cuota de contratación en materia de empleo, la infracción sería castigada con multa de siete a nueve salarios mínimos, según la disposición estipulada por los diputados.

El proyecto de Ley de Inclusión de la Persona con Discapacidad en estudio, avanza en un 90% de la totalidad del articulado, que ronda en 125 artículos y vendría a derogar la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Negar la contratación de cualquier tipo de seguro privado por la condición de discapacidad se sancionará con penas económicas de 7 a 9 salarios mínimos.

El presidente de esa instancia legislativa, diputado David Reyes (ARENA) aclaró que la ley establece que el 25 % del transporte tiene que ser accesible, que cada año debe renovarse la flota, y de cada 4 unidades, una debe permitir la accesibilidad universal.