Piezas de correspondencia

Los diputados Dina Argueta y Reynaldo Cardoza presentaron un proyecto que contiene la Ley de Declaratoria para Régimen Especial de la Cuenca del Río Lempa, con el que se busca establecer un régimen especial de la cuenca y cauce del Río Lempa para la protección, conservación y restauración de los bienes naturales existentes en territorio salvadoreño.

La propuesta promovida consiste en que los fideicomisarios de “PESCAR” sean las asociaciones comunales y cooperativas de pescadores artesanales legalmente constituidos y activos durante los últimos cinco años, y registradas en CENDEPESCA.

En una pieza de correspondencia se promueven modificaciones al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), aprobado el 28 de julio de 2005.

Buscan que se recomiende un plan para la recuperación del empleo, el emprendimiento, inversión y reactivación de la actividad económica, mediante un programa de inversión pública, incentivos a la generación de fuentes de trabajo, financiamiento para las MYPES e incentivos tributarios temporales a las empresas.

Recomiendan al ministerio de Educación realizar una evaluación técnica del cuerpo legal para mejorar la calidad de la investigación científica y dotar de recursos propios al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.

En la pieza de correspondencia se recomienda que en el material a proporcionar a los educandos se incluya cartilla, guías, fotocopias o cualquier otro material a garantizar su derecho a la educación y cultura.

Sujetos a la fiscalización y control de la Corte están todas las entidades y organismos del sector público, sus servidores, terceros y particulares que por cualquier vía administren recursos públicos. Así como organismos y personas de derecho privado que, sin ser parte del sector público, reciban donaciones, asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, tales como los fideicomisos, subsidios, comodatos, concesiones o cualquier otro mecanismo de administración de fondos y bienes públicos.

La enmienda propuesta plantea la necesidad de modificar el último inciso del artículo 240, el cual, actualmente, únicamente detalla que los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.

De ser aprobada la enmienda, el techo de las órdenes de descuentos irrevocables pasaría del 20% al 30% en las planillas de descuento de los trabajadores cuando estos adquieran un préstamo. La moción se debe a que al exceder este monto, 20%, el trabajador se ve obligado a obtener deudas en casas comerciales o por medio de tarjetas de crédito del mismo sistema financiero con altas tasas de interés y en el peor de los casos, con los llamados usureros.

La propuesta fue presentada a través de una pieza de correspondencia que contiene un pliego de reformas al Código Penal y van encaminadas a aumentar la sanción de presión de 5 hasta 10 años por hurto de ganado, de 8 hasta 15 años por robo, y de 4 a 8 años por adquirir o recibir ganado o subproductos derivados del mismo, sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima.