El exfuncionario recibió dinero extra a su salario, en efectivo, desde la Secretaría Privada de CAPRES, por la prestación de un servicio que debía contemplarse dentro de sus funciones como presidente de CONCULTURA.
Las modificaciones en la normativa permitirán que los exfuncionarios que se valieron de sus cargos para enriquecerse con fondos públicos puedan ser procesados penalmente.
Los diputados aprobaron reformas que eliminan la corrupción, aseguran el acceso a la justicia, garantizan la equidad en las categorías dentro del Órgano Judicial, regulan el tiempo de servicio y los traslados de jueces y magistrados.
Los legisladores presentaron pruebas testimoniales, documentales, en audio y video que servirán para que la Fiscalía inicie los oficios de investigación contra cuatro exfuncionarios.
La iniciativa permitirá procesar a los responsables de efectuar prácticas corruptas para robar dinero público durante todos los gobiernos, incluyendo al actual.
Arturo Tona, secretario privado de la presidencia durante la gestión del exmandatario, Alfredo Cristiani (1989-1994), compareció ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
La Ley AFI no tiene por objeto el establecimiento de un marco jurídico para que la Asamblea Legislativa asigne fondos a ONG, sino la administración de las finanzas públicas por parte del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con declaraciones del exgerente de Operaciones Legislativas, Óscar Armando Pineda Navas, la Asamblea no tiene un procedimiento normado en la recepción de las solicitudes de las ONG.
El titular del Órgano de Estado explicó al pleno las razones por la que presentó ante la Comisión Política la iniciativa para indagar estos actos de corrupción.
